La medida de fuerza es la segunda contra el gobierno de Javier Milei. La implementación de un programa ultraliberal y sus consecuencias en el empleo, unificó a todo el campo sindical cordobés. Los dirigentes consultados por LNM coincidieron en que la medida será contundente.
Córdoba 08/05/2024
Miguel Apontes
Este jueves 9 de mayo se realiza el paro general de actividades por 24 horas en todo el país. En Córdoba, referentes de las distintas centrales obreras, anticiparon a La Nueva Mañana la contundencia de la media y confirmaron para ese día, a las 12, una concentración en la esquina de Colón y General Paz, bajo la consigna “La Patria No se Vende”. Previamente, a las 10, habrá una "radio abierta" frente al edificio histórico de la CGT, en Vélez Sársfield 137.
La medida de fuerza es la segunda contra el gobierno de Javier Milei, tras el paro realizado el 24 de enero, a poco más de un mes de su asunción. En el medio, Córdoba vivió movilizaciones multitudinarias el 8 de marzo (Día de las Mujeres y las Diversidades); el 24 de marzo (Día de la Memoria) y el 23 de abril (en defensa de la universidad pública).
La decisión de llevar adelante un nuevo paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), al que adhirieron las dos CTA (CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) y los movimientos sociales, tiene que ver con el impacto que ya sienten los trabajadores y trabajadoras, en cuanto a las medidas económicas adoptadas por el gobierno libertario.
En esta capital, la confirmación de que el jueves no circulará el transporte público (ratificaron la medida de fuerza tanto UTA como Aoita), repercutirá en la inactividad general. A ello hay que sumar que en sectores clave como la administración pública, bancos, judiciales y educación, los gremios que agrupan a sus trabajadores y trabajadoras, adhieren activamente al paro de 24 horas.
Por otra parte, distintos sindicatos adelantaron que el paro se sentirá en el comercio, la industria metalúrgica, la mecánica, de la alimentación y otras, a partir la profundización del ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional, cuyos efectos se sienten con despidos y suspensiones, y una recesión de la economía que algunos ya la consideran “depresión”.
Las consecuencias del fuerte ajuste son inocultables: precios y tarifas de servicios por las nubes, caída constante del salario, baja de las jubilaciones y aumento de la pobreza y la indigencia.
Esta vez el paro se da, además, en momentos cuando está en debate en comisiones del Senado de la Nación la llamada Ley Bases (que cuenta con media sanción de Diputados), con la pugna, además, por reunir los votos suficientes para voltear en la Cámara baja el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/23, aún vigente y cuestionado por “inconstitucional”, al avanzar en numerosos temas que llevan al establecimiento, ni más ni menos, de un nuevo orden en lo económico, social y político. El DNU no puede justificar la argumentación de "necesidad ni urgencia", y deroga alrededor de 300 leyes, desde alquileres, abastecimiento, históricos derechos laborales, salud, liberación de tarifas, enajenación de empresas públicas, restricción a libertades democráticas o abandono de facultades innatas del Estado, todo en aras de alcanzar una desregulación total de la economía.
A nivel provincial, durante una reunión convocada por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, junto a los diputados por Córdoba que responden al Gobierno provincial, Ignacio García Aresca y Juan Brügge, dirigentes de alrededor de 60 gremios, de diferentes corrientes, rechazaron la reforma laboral incluida en la Ley Bases, coincidieron sobre la falta de debate previo del proyecto y advirtieron que de aprobarse la norma perjudicará a los trabajadores.
Es unánime en los sindicatos la visión sobre los puntos más destacados y que afectan el empleo. "Con la ampliación del periodo de prueba, la no penalización a empleadores por tener trabajadores en negro o la admisión de monotributistas, se alienta a una mayor flexibilización de la fuerza de trabajo”, coinciden.
“La norma está muy lejos de apuntar a una mayor registración del empleo que importaría una mejora en la recaudación previsional, y sólo conducirá a una mayor inestabilidad e imprevisibilidad”, expresa todo el campo sindical, sin matices.
Previo al Día del Trabajador, el proyecto obtuvo media sanción en Diputados. Los legisladores cordobeses levantaron su mano mayoritariamente avalando la Ley Bases (de los 18 diputados, 15 dieron su voto), y ahora resta conocer el comportamiento de los senadores, hacia quienes se hará sentir la presión de los gobernadores, con sus distritos sometidos a fuertes restricciones de fondos, además de la supresión de los recursos para la obra pública, los subsidios al transporte, la eliminación del Fonid (incentivo docente) y los aportes a las cajas de jubilaciones provinciales.
Si bien la división en el movimiento obrero de Córdoba persiste, se observa la coordinación entre las distintas corrientes a la hora de llevar adelante algunas medidas con reivindicaciones comunes, que no admiten diferencias.
El acuerdo para marchar “todos juntos” el pasado 24 de marzo, el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, marcó un camino, que fue reconocido por toda la dirigencia.
El dirigente metalúrgico Rubén Urbano dijo a este medio que, desde la CGT Regional, tratan por todos los medios que haya unidad en la acción y que “si hay gremios en lucha, con conflictos, que estemos todos presentes con nuestras banderas”. Alejandro Rossi, titular de Satsaid (televisión) dijo a su vez que “estaremos caminando a la par, más allá de las diferencias políticas y de manejo, que se dan en todas las organizaciones, pero creo que el objetivo principal es la unidad en la acción”.
Desde la CGT Córdoba, uno de los secretarios que participa de la conducción, Federico Cortelletti (de Agepj, judiciales), dijo a La Nueva Mañana, sobre el paro del jueves 9, que “se da en el marco de la discusión de la Ley Bases, que no contiene una sola medida en favor del pueblo, y cuyo principal destino es el de cristalizar la peor distribución del ingreso de que tengamos memoria”.
Crítico del capítulo laboral del proyecto que ahora debe tratar el Senado, el dirigente sostuvo que “la reforma laboral favorece a unos pocos sectores económicos concentrados, con las privatizaciones y con la entrega de los recursos naturales, reprimarizando la economía y generando un industricidio que a la vez nos va a llevar a enormes pérdidas de puestos de trabajo, y una regresión de la estructura tributaria, favoreciendo a los más ricos, convirtiéndonos en una guarida fiscal y gravando más a los trabajadores con la restitución de Ganancias”.
Por su parte, Rubén Urbano, secretario General de la UOM y miembro del triunviro de la CGT Regional, en diálogo con LNM indicó que “todos los gremios tienen que adherir sí o sí al paro, y por dos razones, primero que lo definió la CGT a nivel nacional y después porque hay pleno consenso de que la medida de fuerza debe hacerse ya que no se aguanta más esta situación, con cada vez más trabajadores en la calle, con el cierre de pymes… no nos queda otra alternativa que ir al paro para rechazar las políticas que lleva adelante este gobierno”.
La CTA Autónoma llamó a una adhesión activa a la medida de fuerza. Con gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los peones de taxi y el Círculo Sindical de las Prensa y la Comunicación (Cispren), esta central anunció que se sumará, a partir de las 10, a una radio abierta en la puerta Casa Histórica de los Trabajadores, en Vélez Sársfield 137, para luego marchar hasta Colón y General Paz.
María Ana Mandakovic, secretaria general del Cispren y adjunta de la CTA-A a nivel nacional, sostuvo que el paro “debe hacerse sentir en Córdoba, expresando nuestro rechazo a las políticas que lleva adelante Milei y que en el sector que representamos, los trabajadores y trabajadoras de prensa, tiene consecuencias nefastas”.
La dirigente se refirió a la brutal caída del poder adquisitivo de los salarios. “El paro es por un salario digno, lejos de lo que hoy tenemos, bajo la línea de pobreza y a veces de la indigencia; además, particularmente nos pronunciamos en defensa de los medios públicos, Radio Nacional, SRT y Télam, y por el sostenimiento de los medios autogestivos. No hay antecedente de un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información como el que lleva adelante esta derecha en el poder”.
Por su parte, la CTA de los Trabajadores, con gremios vinculados a la aeronáutica (APA) y a los docentes e investigadores universitarios (Adiuc), en la convocatoria al paro del 9 de mayo advirtió sobre “el ataque que viene sufriendo la educación pública y las universidades en particular”.
Leticia Medina, su secretaria general, sostuvo ante La Nueva Mañana que los gremios que confluyen en la central “todos por igual padecemos un gran deterioro salarial, que es comparable, en apenas 4 meses, a lo que vivimos en los 4 años del macrismo”.
La dirigente se refirió a la disolución de “las instancias de negociación del salario y el impacto en las condiciones de trabajo”. Y en el caso de los aeronáuticos, añadió: “No podemos dejar pasar la amenaza de la privatización, una vez más, de Aerolíneas Argentinas”.
Medina abundó sobre la realidad de las universidades: “En el caso del sistema científico, vivimos el vaciamiento de las instituciones de ciencia y tecnología, con un ataque simbólico contra las universidades, intentando hacerlas aparecer como agujeros negros, como cuevas en donde no habría fiscalización ni mecanismos de control”.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los movimientos que participan del vasto espacio de la economía popular, manifestó su total adhesión al paro de este jueves. Marco Galán, referente en Córdoba de la UTEP, sostuvo que "adherimos al paro activo, sumando también nuestros reclamos, además del rechazo y repudio a la Ley Bases, al paquete fiscal y al DNU inconstitucional".
Galán que el reclamo desde el campo de la economía popular incluye la exigencia "de la plena vigencia de los financiamientos para los más de 50.000 comedores, que están sin asistencia alimentaria, la restitución del Fondo de Integración Sociourbana para la urbanización de 6.000 barrios populares en la Argentina, la restitución del vínculo del Potenciar Trabajo con el salario mínimo y con su actualización, para que este programa cumpla con el acompañamiento de los emprendimientos de la economía popular". Y concluyó: "Nuestros recamos se sintetizan en la reivindicación de tierra, techo y trabajo".
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